La paz de las dos Españas

El Tribunal Supremo anula la instrucción que regulaba algunos puntos del régimen de los presos FIES


El Tribunal Supremo ha anulado la parte de la instrucción de Instituciones Penitenciarias que regulaba el régimen de los presos políticos y resistentes incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), al estimar que al afectar a los derechos de los internos debía tener rango de ley.
Así lo ha acordado la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo en una sentencia en la que ha estimado el recurso que interpuso la asociación "Madres Unidas contra la Droga de Madrid", que considera que esta normativa vulneraba derechos y deberes de los reclusos.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias han indicado que, en febrero de 2006, un protocolo derogó la instrucción 21/1996, de 16 de diciembre, declarada hoy nula por el Supremo.
El TS ha declarado nulo de pleno derecho el apartado primero de la citada instrucción, que contiene normas de seguridad, control y prevención de incidentes, tales como la solicitud de autorización para consultas médicas, la intervención de las comunicaciones, así como otras restricciones.
El Alto Tribunal concluye en esta sentencia que "esas circulares o instrucciones, al carecer de la naturaleza y de las garantías de las normas jurídicas o disposiciones de carácter general, no son medio idóneo para regular derechos y deberes de los internos en los centros penitenciarios".
Según explica, el apartado primero de la instrucción contiene normas de carácter general sobre seguridad, control y prevención de incidentes relativos a "internos muy conflictivos y/o inadaptados" -refiriéndose a los presos políticos y resistentes- que "afectan a los derechos y deberes de éstos".
"Se excede del cometido y finalidad de los denominados 'reglamentos administrativos o de organización' para adentrarse en el ámbito reservado a la ley y a sus reglamentos ejecutivos, rodeados estos de unas garantías en su elaboración y requisitos de publicidad de los que aquélla carece", añade.
En 2004, la Audiencia Nacional había eliminado únicamente un inciso de la citada instrucción -referido al régimen de visitas- en una sentencia en la que estimaba el recurso que la asociación de madres de presos interpuso contra la decisión del Ministerio del Interior de no anular la norma que regulaba el régimen FIES.
Ahora, esa resolución de Interior también es declarada nula de pleno derecho por el Supremo.

Durante el franquismo, la economía española vivió varias etapas.

Periodo de autarquía (1939-1951). Autarquía es una situación económica en la que un país tiene que vivir solo con lo que produce, sin comerciar con otros.
Periodo de crecimiento (1951-1973). La economía mejoró en esta etapa gracias a que se establecieron relaciones con otros países. Además, comenzó el desarrollo del turismo extranjero, y los españoles que se habían tenido que marchar a trabajar a otros países (los emigrantes) seguían enviando dinero a España.
Periodo de crisis (1973-1975). Al igual que en otros países del mundo, la economía española entró en crisis por la subida de los precios del petróleo en 1973.

La democracia española.
Durante muchos años, en España estuvieron prohibidos los partidos políticos. Pero, con la transición, volvieron a estar permitidos: regresó la democracia. Los españoles pudieron elegir de nuevo a sus representantes políticos. Ellos redactaron una Constitución, que trajo la libertad.

¿QUÉ FUE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA?

En España hubo una dictadura desde 1939 hasta 1975. Una dictadura es un sistema político que no permite la libertad ni la democracia. Por eso, durante aquellos años, los españoles no podían decir lo que pensaban ni elegir a sus representantes políticos de una forma democrática. Ese largo periodo se llamó franquismo, porque el país estuvo gobernado por el general Francisco Franco. Pero, en noviembre de 1975, Franco murió. Se inició entonces el reinado de Juan Carlos I. Desde que fue coronado, el Monarca dejó bien claro su deseo de que la democracia y la libertad regresaran a España. El político que más ayudó al Rey en estos primeros momentos se llamaba Torcuato Fernández-Miranda.

En julio de 1976, Juan Carlos I pidió a Carlos Arias Navarro, el último jefe de gobierno nombrado por Franco, que dejara su cargo. Juan Carlos I eligió presidente a Adolfo Suárez, y le encargó que dirigiera el cambio de todo el sistema político español. Suárez también estaba convencido de que ese cambio era necesario. Su política se basó en algunas ideas muy importantes: democracia, libertad... y consenso. Esta última palabra fue decisiva en la transición española. Para alcanzar la democracia y la libertad, todos los españoles debían tolerarse entre ellos. Para crear nuevas instituciones libres y democráticas, los grupos políticos tenían que llegar a acuerdos que todos ellos respetaran (eso significa consenso).

Con Suárez, España vivió momentos fundamentales para su historia. España no sería la que hoy conoces si no se hubieran producido aquellos hechos. Entre ellos, debes conocer los siguientes:

Ley para la Reforma Política. Puso fin a las instituciones políticas del franquismo y creó otras nuevas. El pueblo español manifestó que estaba de acuerdo con ella en un referéndum que tuvo lugar en diciembre de 1976. El Rey la promulgó (la publicó oficialmente para que se cumpliera) en enero de 1977.
Legalización de partidos políticos y sindicatos que hasta entonces estaban prohibidos. El más perseguido por el franquismo, el Partido Comunista de España (PCE), fue legalizado en 1977.
Primeras elecciones democráticas. Tuvieron lugar el 15 de junio de 1977, y la victoria fue para la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido político que había creado Suárez (UCD volvió a ganar en las urnas en 1979).
Constitución de 1978. Las Cortes elegidas por los ciudadanos en las elecciones de 1977 se prepararon para elaborar una Constitución. Esa Constitución, que hacía de España una monarquía parlamentaria, basada en instituciones democráticas, se convirtió en una realidad para los españoles en diciembre de 1978.
Estado de las autonomías. La Constitución de 1978 permitía que las distintas regiones de España, que a partir de entonces se llamarían comunidades autónomas, pudieran tener su propia asamblea legislativa y su propio gobierno (para poder establecer políticas propias y autogobernarse en determinadas materias que le dejaría el gobierno central del país). En diciembre de 1979, se aprobaron los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco. Más tarde, las demás comunidades autónomas aprobarían los suyos.
LA DEMOCRACIA AMENAZADA

En enero de 1981, Suárez dimitió. Otro miembro de la UCD, Leopoldo Calvo-Sotelo, pasaría a ser presidente del gobierno. Pero antes debería aprobarlo el Congreso de los Diputados. El día que los políticos se reunieron para su aprobación, cuando estaban votando, miembros de la Guardia Civil asaltaron el Congreso. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 puso en peligro la transición. Algunos no querían que España fuera un país democrático, y trataron de imponerse por la fuerza. En aquellos momentos, muchos españoles tuvieron miedo; pero alguien los tranquilizó: el Rey. Juan Carlos I apareció aquella noche en televisión y aseguró, como jefe del Ejército, que la monarquía parlamentaria no sería derrotada. Al día siguiente, el golpe ya había fracasado. La democracia se había salvado.

ESPAÑA DESDE 1982

En octubre de 1982, hubo nuevas elecciones. Ganó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y su principal dirigente, Felipe González, se convirtió en presidente. Un gobierno de izquierdas sustituía al de centro. Estas elecciones demostraron la transformación de la sociedad española: los españoles habían decidido vivir en paz; cada ciudadano estaba dispuesto a respetar los resultados de las urnas, aunque el partido que gobernara no fuera el suyo. En 1986, durante el gobierno socialista, España pasó a ser miembro de la Comunidad Económica Europea (la actual Unión Europea). Los socialistas volvieron a ganar las elecciones en 1986, 1989 y 1993, por lo que Felipe González siguió siendo presidente del gobierno hasta 1996. En marzo de ese año, la victoria fue para el Partido Popular (un partido de centro que se había creado en 1989 con otro nombre: Alianza Popular). Por eso, en 1996, el líder del Partido Popular, José María Aznar, sustituyó a González como presidente del gobierno español.

Desde 1982 hasta 2004, es decir, con Felipe González y José María Aznar, España fue completando su integración en Europa. Algunos historiadores han llamado a este periodo segunda transición. Un momento muy importante de esta etapa se produjo en 2002, cuando España y otros países europeos dejaron de usar su moneda (los españoles, la peseta) y comenzaron a utilizar el euro. Tras las elecciones de marzo de 2004, ganadas por los socialistas, Aznar fue sustituido en la presidencia del gobierno por José Luis Rodríguez Zapatero


Paz, piedad, perdón...y olvido

por Lorenzo Bernaldo de Quirós

Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket International Consulting en Madrid, España y académico asociado del Cato Institute.

La transición española se basó en un principio clave observado por todos los gobiernos desde 1977: el cierre de la Guerra Civil. Los herederos de vencedores y vencidos hicieron suya la proclama azañista de 'paz, piedad y perdón' y le introdujeron un elemento adicional: el olvido.

Por supuesto, una sociedad libre tiene derecho a revisar el pasado, a no ser hipotecaria de los pactos de los difuntos, pero la apertura del debate sobre la contienda que enfrentó a una mitad de España contra la otra que ha comenzado a proliferar en los últimos meses es una pésima noticia para la salud moral del país. Es una pócima que lo envenena todo. Ni el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anterior al señor Zapatero, ni la intelligentsia progre española, ni el centro-derecha, habían sucumbido a la tentación de revisar y/o a interpretar a su favor la historia de un período sangriento, de una etapa de quiebra de la convivencia ciudadana.

Hace unas semanas, el profesor Santos Juliá señalaba en su columna de El País la prerrogativa de los hijos a romper ese acuerdo tácito de silencio de sus padres sobre la Guerra Civil. Desde un punto de vista académico, esta posición quizá resulte impecable pero desde una óptica política no lo es tanto. Las nuevas generaciones de españoles tienen un conocimiento limitado, por no decir inexistente, de las causas de la guerra. En consecuencia, la tentación de forjar una imagen parcial de los hechos al servicio de intereses partidistas concretos es muy alta. Esta opción es simplista y peligrosa. La hipótesis de una idílica España progresista y moderna asesinada en los años treinta por las fuerzas de la reacción, hipótesis cara a amplios sectores de la progresía celtibérica, amenaza desencadenar una respuesta contundente de quienes no comparten esa visión de los acontecimientos que, por otra parte, es errónea o, al menos, sectaria, como avala una abrumadora evidencia fáctica e historiográfica.

Cuando un país se mata durante tres años de contienda, los muertos merecen descansar en paz. Con razón o sin ella, los dos bandos lucharon por sus ideas en las trincheras porque fueron incapaces de entenderse en democracia. Todos merecen respeto y el drama de su fracaso produjo sangre y una larga etapa dictatorial en España. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Tiene sentido responder 70 años después a esa pregunta? ¿Sirve para algo? Alguien dirá que la verdad debe resplandecer ante todo, pero esa dama es esquiva y la respuesta quizá no sea agradable para quienes reformulan la cuestión. Desde luego, la izquierda española tiene una amplia responsabilidad en la tragedia como atestigua la más solvente bibliografía hispana e internacional. Cuando no se respetan las reglas del juego democrático y la alternancia no es aceptable, cuando la oposición se levanta en armas contra un gobierno elegido por la mayoría de los ciudadanos, la democracia quiebra. Eso sucedió cuando PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña, PCE y otros grupos intentaron derrocar en 1934 al gabinete salido de las urnas, la coalición de la CEDA y el Partido Radical.

En la España del siglo XXI, la resurrección intelectual y política de un revisionismo de parte sobre la Guerra Civil es un expediente a corto plazo que sólo contribuye a la crispación, a resucitar recuerdos olvidados y a emponzoñar la realidad. ¿A quién beneficia esto? A nadie. Quienes creen en Dios han de rezar por sus muertos para que gocen del descanso eterno y quienes no tienen esa fe deben honrar su memoria en el corazón. La inmensa mayoría de las familias españolas tienen cadáveres de la Guerra Civil en sus armarios y a muchas de ellas se les está haciendo revivir viejas fantasmagorías. Ese es un mal camino porque no conduce a ningún lugar, salvo al resentimiento y la amargura. La España de nuestros días es esa Tercera España que fue masacrada por las otras dos entre 1931 y 1939, es la España posible, la que creó los puentes para la reconciliación.

Quien escribe estas líneas pertenece intelectualmente a esa Tercera España, la de Ortega, Madariaga, Sánchez Albornoz, Menéndez Pidal y tantos otros que soñaron para este país una democracia liberal en la cual fuese posible vivir en paz, en libertad y en progreso. Es ese espíritu y no el de la resurrección de los zombies ideológicos de una de las dos Españas, el camino que hace posible avanzar hacia el futuro. Los fantasmas personales, los recuerdos infantiles de un dirigente político no pueden convertirse en banderas políticas a estas alturas del siglo. Es ridículo, irresponsable y, sin duda, estéril. El PSOE y sus aliados de la intelligentsia progre cometen un grave error si pretenden o estimulan la emergencia de un debate interminable y sin solución. Cuando se abre la Caja de Pandora de una Guerra Civil, cualquier derivada es viable.

Pertenezco a una generación que se sumó con entusiasmo al olvido, no como renuncia a conocer la verdad, sino como una opción razonable para la construcción de una España abierta y democrática. No me gustaría que mis hijos asistiesen a un revivir ni siquiera académico y mucho menos propagandístico de quién tuvo razón. Eso no sirve para nada, salvo para abrir heridas y conflictos que no benefician a nadie.


A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Los grupos parlamentarios abajo firmantes (todos), presentan la siguiente ENMIENDA TRANSACCIONAL a las Proposiciones no de ley, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sobre el reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que padecieron la represión del régimen franquista por defender la libertad y por defender convicciones democráticas; del Grupo Socialista por la que se declara y se insta a los poderes públicos a reparar moralmente a las víctimas de la guerra civil desaparecidas asesinadas por defender valores republicanos y a reconocer el derecho de familiares y herederos recuperar sus restos, nombre dignidad; del Grupo Socialista sobre el desarrollo de una política de Estado para el reconocimiento de los ciudadanos y ciudadanas exiliados; del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para proceder a las exhumaciones de fosas comunes de la guerra civil.

Madrid 19 de noviembre de 2002.

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN. El texto quedará redactado de la siguiente forma:

"La constitución de 1978, llamada por todos con indudable acierto como la constitución de la concordia, intentoponer punto final a una trágico pasado de enfrentamiento civil entre los españoles. Guerras civiles, pronunciamientos, dictaduras, en suma, regímenes políticos o sistemas basados en la imposición violenta de ideologías o formas de gobierno, habían sido hasta entonces el negro balance padecido por la inmensa mayoría del pueblo español, como si nuestro sino histórico fuera el del fracaso colectivo. Aquel triste lamento del poeta Machado -"Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Es fiel reflejo de esta dramática realidad existencial de la nación española.

Pero, por fortuna, en 1978,una generación de españoles recordando el lamento de aquel otro gran español, Manuel Azaña, cuando abrumado por la magnitud de la tragedia civil pronuncio aquellas dramáticas palabras desgraciadamente caídas en el olvido: "Paz, piedad, perdón", decidieron no volver a cometer los viejos errores, mirar hacia delante y apostar, con un generoso impulso de reconciliación, por un nuevo sistema democrático para que nunca mas hubiera dos Españas irreductiblemente enfrentadas.

Los portavoces de los principales grupos políticos dejaron en las cortes constituyentes de este espíritu de concordia nacional, que no es ocioso recordar en este momento.

La actual constitución española esta impregnada de esa voluntad de convivencia. Todos los constituyentes, en aras de aquel consenso básico orientado al establecimiento de un marco democrático duradero, hicieron importantes renuncias, incluso de posturas largamente defendidas a lo largo de la historia, para buscar puntos de encuentro capaces de superar viejos y endémicos conflictos.

Pues bien, fue a los pocos meses de las primeras elecciones democráticas, con motivo de la aprobación de al amnistía, cuando se puso de manifiesto esta voluntad de enfrentamiento basada en el perdón y el olvido. De entre los muchos testimonios podemos destacar los siguientes:

"Para nosotros, tanto como reparación de injusticias cometidas a lo largo de estos cuarenta años de dictadura, la amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y de cruzadas. Queremos abrir la vía de la paz y la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tienen, que tanto hemos surgido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia delante en esa vía de la libertad, en esa de la paz y del progreso.

(Diputado Camacho Abad, portavoz del grupo comunista).

La amnistía es fruto de la voluntad de enterrar un pasado triste para la historia de España y de construir otro diferente sobre presupuestos distintos, superando la división que ha sufrido el pueblo español en los últimos cuarenta años. (Diputado Benegas, portavoz del PSOE)

La amnistía "es simplemente un olvido...una amnistía para todos, un olvido de todos para todos...No vale en este momento aducir hechos de sangre, porque hechos de sangre ha habido por ambas partes, también por el poder y algunos bien tristes, bien alevosos...La amnistía es una camino de reconciliación, pero también de credibilidad y de cambio de procederes".

(Diputado Arias Salgado, portavoz de UCD).

El voto prácticamente unánime dado por las Cortes a la Ley de amnistía de 1977 fue un acontecimiento histórico, pues puso fin al enfrentamiento de las dos Españas, enterradas allí para siempre. Es cierto que algunos no quisieron sumarse a este espíritu de reconciliación y tratar por todos los medios a su alcance impedir, mediante la violencia o el terror, que la voluntad de concordia nacional germinada en frutos de paz y libertad para todos: No lo han conseguido ni lo conseguirán nunca más.

España ha cumplido en este año el vigésimo quinto aniversario de la recuperación de las libertades democráticas y el próximo podrá conmemorar el primer cuarto de siglo de vigencia de la constitución de 1978. Han transcurrido sesenta y seis años desde el comienzo de la guerra civil de 1936. Apenas quedan supervivientes de la gran tragedia. Y por supuesto, nada queda en la sociedad española del enfrentamiento civil porque, consciente y deliberadamente , se quiso pasar pagina para no servir viejos rencores, resucitar odios o alentar deseos de revancha.

Por otra parte, en estos veintiocho años se han dictado numerosas disposiciones, tanto por parte de la Administración general del estado, como por parte de las Comunidades Autónomas, dirigidas a reparar, en la medida de lo posible, la dignidad de las personas que padecieron persecución durante el régimen franquista y a proporcionarles los recursos necesarios.

Dentro de este grupo de personas que padecieron las terribles consecuencias de la guerra se encuentran los exiliados. Y en Septiembre de 1999, el Congreso aprobó una proposición no de Ley sobre conmemoración del 60º aniversario del exilio español con ocasión de la finalización de la guerra civil. En línea con dicho compromiso, la fundación Pablo Iglesias ha preparado la exposición "Exilio" con el hilo conductor de la inequívoca aportación de los exiliados a la recuperación de las libertades en España, contribuyendo de esta forma a la creación de las condiciones que permitieron afrontar el cambio político operado en los años de la transmisión a la democracia española.

En al diáspora del exilio lo perdieron todo y el dolor del éxodo nunca se ha podido superar, porque el forzado apartamiento de la patria es uno de los mayores padecimientos. La reconciliación no se compadece, en esta ocasión, con el olvido de este grupo de personas muchas de las cuales cuando pudieron regresar a España no lo hicieron porque durante sesenta años habían tejido sus relaciones personales y familiares en las tierras de acogida.

A estos ciudadanos y ciudadanas exiliados -así como los llamados niños de la guerra- supervivientes ya de aquel trágico episodio de nuestra historia, el congreso de los diputados considera un deber rendir un tributo de admiración y afecto, por la lealtad a sus convicciones y el sufrimiento que hubieron de padecer por una guerra impropia de una nación cuya razón de ser ha de estar en el respeto a los valores democráticos.

Por todo lo anterior:

Primero.- el congreso de los Diputados, en este vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones libres de nuestra actual democrática, reitera que nadie `puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática.

Segundo.- el congreso de los diputados reitera que resulta conveniente para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de concordia y de reconciliación que presidio la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilito el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia.

Tercero.- el congreso de los diputados reafirma una vez mas, el deber de nuestra sociedad democrática proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron mas tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones evitando, en todo caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil.

Cuarto.-El congreso de los diputados insta al gobierno para que desarrolle, de manera urgente, una política integral de reconocimiento y de acción protectora económica y social de los exiliados de la guerra civil así como de los llamados niños de la guerra que incluya la recuperación, en su caso, de la nacionalidad española, y su extensión a sus descendientes directos, con reconocimiento del derecho de voto.