jueves, 17 de mayo de 2018

España: un siglo de maldición







España: un siglo de maldición
Por Juan Carlos González Caldito



«Los problemas económicos y territoriales de España han sido y siguen siendo la maldición que la ha llevado a ser un proyecto fracasado. Su maldición consiste en no hallar solución a dichos problemas»






La explosión del crucero de guerra “Maine” en abril de 1898, atracado en el puerto de La Habana, provocó la muerte de 260 marineros estadounidenses. Tras la explosión, el gobierno de los EE.UU declaraba la guerra a España, y en esta ocasión con el apoyo incondicional de todos sus ciudadanos. No obstante, para comienzos de 1898 el ejército español apenas controlaba las principales ciudades costeras, y los cubanos ganaban cada vez más terreno. Al final, el gobierno español le otorgó a Cuba la autonomía, iniciando una serie de reformas políticas así como el armisticio, pero para los cubanos un arreglo pacífico ya era demasiado tarde y aseguraron que solo se detendrían hasta lograr la independencia. La guerra entre EE.UU y España se extendió también a Filipinas y Puerto Rico, y en mayo de 1898 la flota española en Filipinas fue aniquilada sin dificultad por la flota estadounidense. En julio de 1898 la flota española sufría la misma humillación en Cuba. Habiendo perdido la guerra España, en diciembre de 1898 se firmaba la “Paz de París”, por la cual España reconocía la independencia de Cuba y cedía Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam a los EE.UU. Dicha paz representó la liquidación definitiva del imperio español, a excepción de Guinea Ecuatorial. Desde entonces, y como sentenció Ortega y Gasset, el proceso de desintegración de la España peninsular se aceleró, por lo que el desprendimiento de las últimas posesiones ultramarinas parece ser la señal para el comienzo de una dispersión interpeninsular, a la vez que el inicio de una nueva búsqueda socioeconómica: la sociedad española debía repensarse o vivir en el recuerdo de sus viejas glorias.



Son famosos los versos de Machado, publicados en su obra Campos de Castilla en 1912, en los que se recoge la idea de las dos Españas, a saber, la que quiere repensarse y crecer a la luz de modernidad y la que no deja paso a la primera:





Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza,
entre una España que muere
y otra España que bosteza.
Españolito que vienes
al mundo te guarde Dios.
una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.




Si la primera estrofa nos muestra la necesidad que tiene la sociedad española por repensarse y regenerarse tras el fin de su apogeo imperial, queda en evidencia que la España del imperio se acaba a pesar de que la otra España se ha acomodado y no busca mejorar. No es hasta la segunda estrofa en la que los versos evidencian la encrucijada en la que se halla la sociedad española, pues interpela a cada uno de los españoles para que se posicionen y decidan cual de los dos España es la que van a dejar atrás: la España del imperio que ya nunca será o la España que progresa pero se tiene que repensar.



En el lado contrario a la voluntad de Machado, encontramos la del ex ministro español Faustino Rodríguez-San Pedro que, como Presidente de la Unión Ibero-Americana, en 1913 pensó en una celebración que uniese a España e Iberoamérica, eligiendo para ello el día 12 de octubre, día en el que los castellanos descubrieron América. En 1914 se celebraría el 12 de octubre por primera vez como fiesta de la Raza, pero no fue hasta el 15 de junio de 1918 que el rey de España Alfonso XIII transformara, mediante ley, en fiesta nacional dicho día, en reminiscencia a lo que supuso tal descubrimiento para el ya perdido imperio español. En definitiva, un brindis al Sol que fue reformulado como Día de la Hispanidad pero que en el fondo siempre tuvo el mismo sentido: evocar aquello que ya no es.



Estas dos imágenes sirven para para analizar el problema de España, dos imágenes de un mismo contexto pero que tienen fines diferentes, dos imágenes que van a ser la determinación de las problemáticas de la España del siglo XX. La ruptura definitiva con las colonias iba a poner a España en una disyuntiva: o repensar su modelo económico y territorial, o evocar las viejas glorias del pasado para que todo siguiera igual.








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Hundimiento del crucero de guerra estadounidense Maine






La economía del primer tercio del siglo XX en España era predominantemente agraria, con casi la mitad de la población activa dedicada al sector agrario, un cuarto de la población activa dedicado a la industria y el cuarto restante dedicado a los servicios. La sociedad española prácticamente no conocía la industrialización excepto en Cataluña y el País Vasco. Uno de los mayores retos del primer tercio del siglo XX para España era, pues, solucionar su problema económico y, por lo tanto, su problema agrario, el cual seguía sujeto a unas estructuras feudales tardías.



Si bien es cierto que en España existían tres modelos de propiedad (minifundios, medianas y latifundios), la población activa campesina era, sobre todo, jornalera, por lo que no solía disponer de tierras. Este hecho era más frecuente en el sur de España y zonas de las dos castillas, pues las propiedades eran latifundios que creaban sociedades en la que los campesinos soportaban una situación de miseria y paro que los llevaba a realizar ocupaciones ilegales de tierras para poder trabajarlas. Este problema nunca se abordó de una manera absoluta, pues la raíz del mismo residía en su estructura fundamental: unas tierras cuyos propietarios no trabajaban o jornales demasiado bajos por trabajar las tierras. De ahí que, con la esperanza de la II República, proclamada en 1931, se iniciara un proceso de reforma agraria.



La Ley de Bases de la Reforma Agraria española fue promulgada el 9 de septiembre de 1932 y tenía como objetivo remediar el paro agrario, redistribuir las tierras y racionalizar los cultivos. Dicha reforma tenía como objetivo mejorar los métodos de explotación de la tierra y los beneficios de la agricultura para convertirla en motor de industrialización, dada la situación de crisis mundial tras el crack de 1929, así como modernizar las estructuras de los territorios de cultivo para evitar enfrentamientos entre jornaleros y propietarios. Teniendo en cuenta que la agricultura era prácticamente la base económica del país, la reforma tenía una importancia sin igual porque iba a tocar aquello que daba el pan a aproximadamente la mitad de la población activa. Si se solucionaba el problema agrario, mejoraría la situación económica y social de la población rural, incentivando el consumo y con ello la escasa industria del país: se empezaría a paliar la desigualdad del Oeste y el Sur peninsular, que eran las zonas más pobres de España.

No obstante, la reforma fracasó, no sólo por el escaso tiempo que fue aplicada[ii], sino por la dificultad de implementar sus medidas: sólo se aplicó en las provincias latifundistas (Andalucía, Extremadura, La Mancha y Salamanca); su aplicación fue tan lenta que hubo levantamientos de campesinos; también los propietarios estaban descontentos pues las confiscaciones de sus tierras se hicieron sin indemnización a partir de la Ley aprobada el 24 de agosto de 1932 (Gaceta de Madrid núm. 285 de 11 de octubre de 1932), excepto aquellas tierras de los señorías jurisdiccionales, las tierras incultas, las arrendadas durante doce años o las situadas en las cercanías de las pequeñas poblaciones y aquellas susceptibles de ser puestas en regadío. Entre los errores de la República, encontramos el suceso de Casas Viejas[iii], en el que fueron asesinados a los amotinados tras la ocupación ilegal de algunas tierras en la localidad gaditana. El descontento de los jornaleros y propietarios fue en aumento, pero lo que realmente preocupaba era el fondo de la Reforma Agraria: un redistribución de las tierras y, por lo tanto, de la riqueza para la sociedad española.





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Los campesinos de Badajoz llevaron a cabo, en marzo de 1936, ocupaciones de fincas para impulsar la reforma agraria desde abajo y obligar al nuevo gobierno a tomársela en serio y decididamente el problema.




Si la Reforma Agraria de 1932 implicaba toda una revolución socioeconómica para España, porque no sólo la repensaba, sino que la modificaba, el problema plurinacional estallaba y hacía tambalear la estructura nacional. Como bien señaló Ortega y Gasset en su libro España invertebrada, con la pérdida de las últimas colonias, el imperio español quedaba como un recuerdo del pasado, por lo que el futuro de España pasaba por repensar el presente de la sociedad española. Así, si uno de los problemas consistía en el problema socioeconómico, el otro consistía en el problema territorial. De ahí la tesis de Ortega y Gasset: España es una cosa hecha por Castilla por lo que el nacionalismo catalán y vasco no son un movimiento artificioso, sino la consecuencia de no pensar la unidad de España desde la plurinacionalidad. El reto de la II República, pues, pasaba por repensar y restructurar el territorio español.




Tras la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931, el Gobierno Provisional tuvo que afrontar el problema de la proclamación de la “República Catalana” hecha por Francesc Macià en Barcelona el mismo día 14 de abril. Tres días después tres ministros del Gobierno Provisional se entrevistaban en Barcelona con Francesc Macià alcanzando un acuerdo por el que ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) renunciaba a la “República Catalana” a cambio del compromiso del Gobierno Provisional de que presentaría en las futuras Cortes Constituyentes el Estatuto de Autonomía que decidiera Cataluña, previamente aprobado por la Asamblea de Ayuntamientos catalanes, y del reconocimiento del gobierno catalán que dejaría de llamarse Consejo de Gobierno de la República Catalana para tomar el nombre Govern de la Generalitat de Catalunya. El proyecto de estatuto para Cataluña fue refrendado el 3 de agosto por el pueblo de Cataluña por una abrumadora mayoría, pero respondía a un modelo federal de Estado y rebasaba en cuanto a denominación y en cuanto a competencias a lo que se había aprobado en la Constitución de 1931, la cual determinaba la unidad completa del territorio español, sin estructura federal. En el caso del País Vasco, el proceso para conseguir un Estatuto de Autonomía se inició casi al mismo tiempo que el de Cataluña: en una asamblea de los ayuntamientos vasconavarros reunidos en Estella el 14 de junio aprobaron un Estatuto que se basaba en el restablecimiento de los fueros vascos abolidos por la ley de 1839. Dicho Estatuto fue presentado el 22 de septiembre de 1931 a las Cortes Constituyentes pero no fue tomado en consideración porque el proyecto se situaba al margen de Constitución que se estaba aprobando. De nuevo, el carácter federalista volvía a aparecer, aunque en el caso vasco también tenía carácter de Estado vasco confesional.




El 9 de setiembre de 1932 era aprobado el Estatut de Catalunya, aunque éste era menos de lo que la sociedad catalana había esperado en la medida en que se eliminaron todo tipo de connotaciones que atribuyeran soberanía a Catalunya. Tras el Estatut de Catalunya, ésta se convertía en una región autónoma, regida por un gobierno propio: la Generalitat de Catalunya. Ésta tenía facultades legislativas y ejecutivas en hacienda, economía, educación y cultura, transportes y comunicaciones, mientras que el Gobierno de la República se ocuparía de las relaciones exteriores y el ejército.




El Estatuto de Estella, en el País Vasco, fue rechazado por su clara posición confesional y federal. Así, en diciembre de 1931 las Cortes encargaron a las Comisiones Gestoras provisionales de las Diputaciones que elaboraran un nuevo proyecto de Estatuto. La Asamblea de Ayuntamientos celebrada en Pamplona aprobó el proyecto en 1932, quedando Navarra fuera por rechazar tal acuerdo. Se concedía al País Vasco su autonomía como había ocurrido en Catalunya. La iniciativa gallega llegó más tarde, en abril de 1932, pero nueve meses después ya se había cumplido la primera fase del proceso establecido por la Constitución de 1931, al haber aprobado la mayoría de los ayuntamientos gallegos un proyecto de estatuto, inspirado en el Estatuto catalán que acababan de aprobar las Cortes. Sin embargo, el triunfo del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933 paralizó el proceso.





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Manifestación “Som Una Nació, Nosaltres Decidim!”, 2010 | Merche Pérez





Eran múltiples los males de España, pero podemos abstraerlos y concretarlos en dos: el modelo económico y el modelo territorial. Prueba de ello no fueron tanto los hechos que llevaron a cabo la promulgación de la Reforma Agraria y los Estatutos de Autonomía, sino el Fuero del Trabajo de 1938[iv] y los Principios del Movimiento Nacional de 1958[v], dos de las leyes fundamentales del régimen franquista. Ambas coinciden en una cosa: el Estado es el instrumento totalitario al servicio de la integridad de la patria y representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, a la vez que España es una unidad de destino en lo universal. Dos males que la II República y el régimen fascista de Franco trataron de forma completamente distinta y motivos por los cuales se desencadenó la Guerra Civil Española que se inició en 1936. Si bien es cierto que en el pasado artículo sostuvimos la idea de que la guerra civil española no finalizó hasta el 4 de noviembre de 1950 por la retirada internacional de la condena del régimen franquista, ahora podemos sostenemos que los males de España no pertenecen a una época pasada y ya superada con la Transición española, sino que son males que todavía duran y perduran entre los pueblos y clases sociales de España.




Si bien señalábamos al principio del artículo que existían dos concepciones de lo que debería ser España tras la pérdida de las colonias, podemos observar que la II República inició la vía de repensar España, pero se vio truncada por el golpe de estado y la victoria franquista, siendo España reconducida a la evocación de la vieja gloria imperial que fue. En definitiva, y como bien señala Miguel Ángel Giménez Martínez, el régimen franquista consistió en «la cooperación de una serie de intereses ideológicos preocupados no tanto en poner en marcha, en implantar su propia concepción política, como en evitar que se destacara el perfil de la ideología contraria. Se trataba de un poder para poner obstáculos a que triunfaran los otros, en lugar de procurar llevar a cabo lo que se consideraba realizable»[vi]. Así, los males de España no sólo no fueron superados, sino que siguen vigentes de manera abrumadora. Para ello exponemos dos ejemplos que, a día de hoy, siguen teniendo un impacto indiscutible en la vida política y social española. Nos referimos a los acontecimientos del 15M de 2011 y todas sus posteriores ramificaciones, así como al acontecimiento de la Manifestación «Som una nació. Nosaltres decidim» que se originó en Barcelona el 10 de julio de 2010. Ambas vuelven a poner sobre la mesa los males de España denunciándolos y buscan la solución a sus problemas a través de una pregunta puesta por la sociedad y para la sociedad en la que, no sólo se cuestionan los valores fundamentales que fueron sellados por el franquismo, sino que reabre la herida que nunca fue curada: el debate sobre qué España queremos. Este debate sigue tan vivo hoy como en las primeras décadas del siglo XX, y sólo obtendrá respuesta en la solución de sus problemas y no en su negación y postergación. Machado murió en el 22 de febrero de 1939 en Colliure (Francia) huyendo de la Guerra Civil, pero sus versos permanecieron vivos hasta el día de hoy.





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15M, Metro de Sol, 2011 | NereMafi





Los acontecimientos del 15M y la Manifestación del 2010 han puesto las estructuras del Estado español entre las cuerdas, desde la llegada de nuevos partidos políticos capaces de desbancar a los tradicionales, hasta la apertura de un proceso de independencia. Los problemas actuales de España no responden, sino y de nuevo, al problema que tendrá que enfrentarse tarde o temprano toda Europa, porque nos hayamos justo en la antesala del momento en el que tenemos que decidir si queremos pasar de unas estructuras de Estado a otras, de una política territorial a otra. En otras palabras, hoy España y mañana Europa, se piensa y se discute si seguir avanzando por el camino de los Estados no intervencionistas (neoliberalismo) y macro-estatales (centralismo); o por el contrario, avanzar por el camino intervencionista (socialdemocracia keynesiana) y micro-estatal (federalismo).




El siglo XX ha muerto, pero nos ha dejado una sombra que arrastraremos durante lustros. Si para la década de los treinta del siglo XX el modelo socioeconómico y territorial de la II República fue la excusa para el golpe de estado perpetrado por el ejército, ahora en el siglo XXI la posibilidad de que los acontecimientos del 15M y de los movimientos independentistas catalanes lleguen a materializarse podrían suponer de nuevo un golpe de estado, pero esta vez no militar, sino financiero, con tal de evitar deshacer el nudo que el franquismo dejó bien atado: la inexorable unidad de España y una capacidad económica social baja. Mientras no se encuentre una solución a ambos problemas, la maldición de España seguirá dilatándose.




Portada: Proclamación de la II República Española, 14 de abril de 1931. Alfonso Sánchez Portela. Museo Reina Sofía




 Para Reforma Agraria de 1932, ver Gaceta de Madrid – Núm. 265, del 21 de septiembre de 1932.
[ii] La Reforma Agraria se aplicó de 1932 a 1933 bajo el gobierno en coalición de los socialistas y los republicanos, pero en el bienio 1934-1936 el gobierno presidido por el Partido Radical Republicano apoyado por la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) inició una contrareforma que iba en sentido opuesta a la Reforma Agraria de 1932, pues defendía los derechos de los terratenientes. No fue hasta 1936 que volviera a aplicarse la Reforma Agraria de 1932, bajo el gobierno del Frente Popular, pero la guerra civil impidió todo desarrollo.
[iii] En la noche del 10 de enero y en la madrugada del 11, un grupo de campesinos afiliados a la CNT habían iniciado una insurrección en Casas Viejas. Por la mañana rodearon, armados con escopetas y algunas pistolas, el cuartel de la Guardia Civil, donde se encontraban tres guardias y un sargento. Se produjo un intercambio de disparos y el sargento y un guardia resultaron gravemente heridos. A las dos de la tarde del 11 de enero, un grupo de doce guardias civiles al mando del sargento Anarte llegaron a Casas Viejas, liberaron a los compañeros que quedaban en el cuartel y ocuparon el pueblo. Tres horas después llegó un nuevo grupo de fuerzas de orden público al mando del teniente Gregorio Fernández Artal compuesto por cuatro guardias civiles y doce guardias de asalto. Inmediatamente comenzaron a detener a los presuntos responsables de ataque al cuartel de la Guardia Civil, y fueron a la casa de uno ellos. Al intentar forzar la puerta, los de dentro empezaron a disparar y un guardia de asalto cayó muerto en la entrada y otro resultó herido. A las diez de la noche, empezó el asalto a la choza sin éxito. Pasada la medianoche, llegó a Casas Viejas una unidad compuesta de cuarenta (o noventa según otras fuentes) guardias de asalto, al mando del capitán Rojas, que había recibido la orden del Director General de Seguridad en Madrid, Arturo Menéndez, para que se trasladara desde Jerez y acabara con la insurrección, abriendo fuego. El capitán Rojas dio orden de disparar con rifles y ametralladoras hacia la choza y después ordenó que la incendiaran. Dos de sus ocupantes, un hombre y una mujer, fueron acribillados cuando salieron huyendo del fuego. Seis personas quedaron calcinadas dentro de la choza. Hacia las cuatro de la madrugada del día 12, Rojas y sus hombres se retiraron a la fonda donde habían instalado el cuartel general. Rojas ordenó a tres patrullas que detuvieran a los militantes más destacados, dándoles instrucciones para que dispararan ante cualquier mínima resistencia. Mataron al anciano Antonio Barberán Castellar, de setenta y cuatro años, cuando volvió a cerrar su puerta tras la llamada de los guardias, aunque gritara no ser anarquista. Detuvieron a doce personas y las condujeron esposadas a la choza calcinada, les mostraron el cadáver del guardia de asalto muerto y a continuación el capitán Rojas y los guardias los asesinaron a sangre fría.
[iv] Para Fuero del Trabajo de 1938. Nos resulta interesante subrayar el capítulo V punto 4, en el que se dice que «se tenderá a dotar a cada familia campesina de una pequeña parcela, el huerto familiar, que le sirva para atender a sus necesidades elementales y ocupar su actividad en los días de paro». A diferencia de la Reforma Agraria de 1932, la ley franquista no piensa en la expropiación de los latifundios para solventar el problema de la pobreza jornalera, sino en proporcionar pequeñas parcelas de tierra (huertos) para subsistir.
[v] Para Principios del Movimiento Nacional de 1958. Cabe destacar que los cuatros primeros artículos de esta ley tratan sobre la indivisibilidad de la unidad de España, concepción todavía persistente en la actual Constitución española aprobada en 1978, en la que se aprecia la existencia de pueblos de España pero que éstos deben quedar sometidos a la unidad de la nación Española.
[vi] Giménez Martínez, Miguel Ángel: “El corpus ideológico del franquismo: principios originarios y elementos de renovación”. Estudios Internacionales 180 (2015) – ISSN 0716-0240 • 11-45 Instituto de Estudios Internacionales – Universidad de Chile.


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